Cuba aprueba nueva Ley de Vivienda con enfoque en vulnerables y jóvenes
La Ley 187 en Cuba prioriza protección a grupos vulnerables y facilita acceso a vivienda para jóvenes con medidas específicas.
Cuba lanza iniciativa para apoyar económicamente a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional mediante la entrega de activos productivos de
El gobierno cubano ha puesto en marcha una nueva iniciativa para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional. El Acuerdo 10455 establece un programa de inclusión económica que busca proporcionar activos productivos de pequeña escala a este sector de la población, con el objetivo de fomentar su incorporación a actividades económicas y mejorar sus condiciones de vida.
La iniciativa surge como parte de un enfoque integral de protección social que va más allá de la asistencia inmediata. Según Mayli Morejón Concepción, directora del Observatorio Social y Laboral, el programa busca crear condiciones para que personas y hogares vulnerables puedan desarrollar actividades productivas, generar ingresos sostenibles y alcanzar una mayor autonomía económica. Este enfoque reconoce la importancia de la asistencia social, pero también busca prevenir la reproducción de situaciones de vulnerabilidad mediante la promoción de capacidades y la generación de ingresos.
El programa define los activos productivos como herramientas, utensilios, maquinaria ligera, insumos y equipamientos de bajo costo, agrupados en tres categorías principales: agropecuarios y agroecológicos, artesanales y de servicios, y tecnológicos y de soporte digital. La elegibilidad para acceder al programa está condicionada a que el hogar se encuentre en situación de vulnerabilidad multidimensional, cuente con personas aptas y dispuestas a trabajar, y exista voluntad de cumplir el plan de inclusión económica.
Se prioriza a grupos específicos, como mujeres cuidadoras con menores a cargo y bajos ingresos, jóvenes de 18 a 30 años desvinculados del estudio y el trabajo, personas con discapacidad y trabajadores informales. La participación requiere el consentimiento del beneficiario y su compromiso con el plan de inclusión económica, que incluye un diagnóstico de capacidades, la actividad económica a desarrollar, el activo asignado y acciones de capacitación.
Las solicitudes se presentan ante las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, y el proceso puede iniciarse por la propia persona, trabajadores sociales o empleadores. Una vez validada la situación de vulnerabilidad, se elabora un plan de inclusión económica con la participación del beneficiario. Este plan se presenta al Consejo de la Administración Municipal para su aprobación. El programa busca vincular la evaluación social con las posibilidades reales de inserción económica, asegurando que la entrega del activo responda a una actividad concreta.
El seguimiento y la implementación del plan son clave para el éxito del programa. Según Israel Antonio Riverón Sánchez, director de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el plan debe tener en cuenta las necesidades de formación de los beneficiarios y establecer un cronograma claro de acciones.
Fuente: cubadebate.cu
Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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