El gobierno cubano elimina los precios máximos del aceite, excepto el de oliva, ante la escasez y el aumento de costos, generando debates sobre la formación de
La economía cubana enfrenta un complejo escenario marcado por la eliminación de los controles de precios en productos básicos como el aceite, lo que ha desatado un intenso debate sobre la formación de precios y la capacidad productiva del país.
En 2024, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba estableció precios minoristas máximos para productos de alta demanda, incluyendo el aceite, con el objetivo de contener la inflación. Sin embargo, la Resolución 150 de 2026 revocó estos límites para el aceite (excepto el de oliva), el pollo troceado, la leche en polvo, las pastas y las salchichas. Esta decisión se atribuyó a factores como los altos costos de importación, la devaluación de la moneda y la escasez de combustible.
La medida coincidió con una aguda escasez de aceite, lo que provocó un aumento exponencial de su precio en el mercado. En Guantánamo, por ejemplo, se reportaron valores de hasta 6.000 pesos por litro antes de la intervención de las autoridades locales, que establecieron un precio de referencia de 2.200 pesos.
La eliminación de los controles de precios ha puesto en evidencia las tensiones entre la protección al consumidor y la sostenibilidad de los comerciantes. Cuando los precios máximos se fijan por debajo de los costos de reposición, se reduce la oferta formal, fomentando mercados paralelos y la desaparición de productos.
El caso del aceite ilustra esta problemática. La producción nacional de aceites vegetales refinados se desplomó de 17.800 toneladas en 2021 a 4.300 toneladas en 2023, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Esta caída del 75,8% refleja una tendencia general en la industria cubana, donde productos como el café, el yogur y la carne de cerdo también han experimentado contracciones significativas.
Los comerciantes enfrentan múltiples desafíos: acceso limitado a mercados mayoristas, altas tasas de cambio para la importación, costos de transporte elevados y pérdidas por mercancía no repuesta. Estas condiciones dificultan la venta de productos a precios asequibles para los consumidores sin incurrir en pérdidas.
La situación ha generado un dilema: ¿quién absorbe la diferencia entre los costos reales y los precios controlados? El Estado, a través de subsidios, los comerciantes, los productores o los consumidores en el mercado informal. La falta de un mercado mayorista desarrollado y la dependencia de las importaciones agravan el problema.
La discusión sobre los precios no puede desvincularse de la capacidad productiva del país. Mientras la producción nacional siga disminuyendo, los controles de precios podrían tener un impacto limitado en la disponibilidad de bienes. El desafío para Cuba es equilibrar la protección al consumidor con políticas que estimulen la producción y la eficiencia económica.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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