Condenas de hasta 15 años a funcionarios en Santiago de Cuba por malversación
Un tribunal cubano impuso penas de hasta 15 años de prisión a funcionarios por malversación de fondos públicos en Santiago de Cuba.
Tres ciudadanos sancionados a 15, 14 y 10 años de prisión por malversación en Santiago de Cuba
El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba ha condenado a tres ciudadanos a penas de prisión y a otro a una multa por su participación en un caso de malversación en la Empresa de Conservas de Vegetales de la ciudad.
La Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba celebró un juicio oral y público en el que se dictaron sentencias contra cuatro ciudadanos acusados de falsificación de documentos bancarios y de comercio, así como de tráfico ilegal de moneda nacional y divisas. Los acusados, Amarilis Tellez Torres, Julio César Palacios Peralta y María Luisa Creme Quiroga, se desempeñaban en puestos clave en la Unidad Empresarial de Base (UEB) de la Empresa de Conservas de Vegetales y en la Cooperativa de Créditos y Servicios Rodolfo Rodríguez Benítez.
Una vez que la Empresa de Conservas de Vegetales recibió un crédito bancario de 20 millones de pesos, los acusados, en connivencia, realizaron 4 transferencias que totalizaron $5 175 504.22 a la cuenta personal de María Luisa Creme Quiroga. Posteriormente, se repartieron entre ellos $3 986 504.22. Además, Creme Quiroga utilizó parte del dinero para comprar 2000 dólares americanos por $1 195 434.66 pesos a Kenly Hierrezuelo Tellez, quien también fue acusado en este caso.
Los acusados fueron condenados a penas de 15, 14 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado para cometer malversación. Otro acusado recibió una multa de 600 cuotas de 40 pesos cada una por tráfico ilegal de moneda nacional y divisas. Además, se les impusieron sanciones accesorias, como la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del territorio nacional. El tribunal consideró la lesividad de los hechos, el grado de participación de cada acusado y sus características personales al imponer las penas.
El caso ha sido resuelto con la aplicación estricta de la ley, garantizando el debido proceso y el respeto a las garantías procesales consagradas en la Constitución de la República de Cuba y en la Ley del Proceso Penal. Los sancionados y la Fiscalía tienen derecho a interponer recursos contra la decisión del órgano judicial.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Raul Guillermo Rodriguez
Periodista de investigación enfocado en economía cubana. Redacta con modelos Llama vía Groq.
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