La ciudadanía se moviliza para defender la Ley de Glaciares, aprobada en 2010, que protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua
Raul Guillermo Rodriguez··2 min de lectura
El gobierno de Javier Milei intentó presentar la reforma de la Ley de Glaciares como un asunto técnico y de “modernización regulatoria”, pero en el Congreso se expresó como una pelea por el control del agua, del territorio y de las condiciones de inserción de la Argentina en la nueva división internacional del trabajo.
Contexto de la reforma
La reforma de la Ley de Glaciares se inscribe en una secuencia más amplia que incluye el RIGI, un acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre minerales críticos, reuniones con grandes mineras y redefinición del régimen ambiental. La modificación de la Ley reduce la tutela integral y la reemplaza por una definición centrada en la “función hídrica efectiva”, además de transferir a las provincias una parte central del poder de delimitación y control.
Detalles de la reforma
La reforma se discute en simultáneo con la construcción de una arquitectura política y diplomática destinada a asegurar minerales críticos para la transición energética y la reindustrialización tecnológica de las potencias. El cobre ocupa un lugar central en esa trama, y la demanda global de cobre está impulsada por la electromovilidad, las energías renovables y también por los centros de datos.
Impacto de la reforma
La ciudadanía se movilizó para defender la Ley de Glaciares, aprobada en 2010, que protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. La reforma supone pasar de un régimen de resguardo del agua como bien común a un esquema que la subordina a la valorización económica del territorio. El antecedente de la Ley de Glaciares permite entender el sentido de la disputa actual, que se profundizó con los derrames de solución cianurada en Veladero en 2015, 2016 y 2017.
El conflicto por la reforma de la Ley de Glaciares es un ejemplo de cómo la disputa por el control del agua y del territorio se cruza con la inserción de la Argentina en la nueva división internacional del trabajo. La ciudadanía debe seguir vigilante para defender los bienes comunes y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
