El presidente chileno José Antonio Kast no realizó actos oficiales por el 53° aniversario del golpe de Estado, rompiendo con décadas de política de memoria
El 53° aniversario del golpe de Estado en Chile, que en 1973 derrocó al gobierno de Salvador Allende e instauró la dictadura de Augusto Pinochet, marcó un giro significativo en la política de memoria histórica del país. Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, el gobierno del presidente José Antonio Kast omitió la realización de un acto oficial de conmemoración en el Palacio de La Moneda o en dependencias del Estado, rompiendo con casi cuatro décadas de tradición. Esta decisión contrastó con la activa participación de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y fuerzas políticas de centroizquierda, que llevaron a cabo numerosas ceremonias en todo el territorio nacional.
El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de una dictadura que se extendió por 17 años, dejando un saldo de decenas de miles de víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos y torturados. Desde la recuperación de la democracia, los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric habían mantenido la tradición de realizar actos oficiales en memoria de las víctimas. Sin embargo, Kast, quien ha expresado públicamente su admiración por Pinochet y su defensa del régimen militar, justificó su decisión argumentando que buscaba evitar que las diferencias políticas induzcan “a los extremos del pasado”.
La ausencia de un acto oficial fue ampliamente cuestionada por la oposición centroizquierdista. Raúl Soto, presidente del Partido por la Democracia (PPD), calificó el silencio del gobierno como un acto de negacionismo. Por su parte, Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, recordó que aún hay familiares buscando a sus desaparecidos y exigió respeto por su memoria. La Red Nacional de Sitios de Memoria advirtió sobre el peligro de los discursos que relativizan los crímenes de lesa humanidad y promueven la apología del terrorismo de Estado.
La sociedad civil respondió con una serie de actos conmemorativos, entre ellos una romería en el Cementerio General, donde se encuentra la tumba de Salvador Allende, y la colocación de ofrendas florales en la Plaza de la Constitución. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos también fue escenario de reflexión sobre los 17 años de dictadura. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensión: la policía militarizada reprimió una marcha en el centro de Santiago, utilizando carros lanzagua y gases lacrimógenos. Los manifestantes exigían “No a los indultos” para los responsables de violaciones a los derechos humanos.
La conmemoración se vio precedida por la disolución del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, creado en 1997 para asistir a los familiares de las víctimas. La diputada Lorena Fries instó al gobierno a priorizar el Plan Nacional de Búsqueda, que busca establecer como ley la localización de los restos de los desaparecidos. Según cifras oficiales, hay 1.469 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1.162 aún no han sido encontradas. Sus familiares continúan exigiendo verdad, justicia y memoria.
Fuente: cubadebate.cu
Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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