Roberto Morales Ojeda critica la ley estadounidense por consolidar el bloqueo económico contra Cuba y su impacto en la inversión extranjera.
El 12 de marzo de 1996, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley Helms-Burton, una normativa que, tres décadas después, sigue siendo objeto de controversia y denuncia por parte de Cuba. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha calificado esta ley como un instrumento de asfixia económica diseñado para forzar un cambio de régimen en la isla.
La Ley Helms-Burton, firmada durante la administración del presidente Bill Clinton, codificó el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba como política de Estado. Según Morales Ojeda, esta ley no fue una simple actualización del bloqueo, sino la consolidación jurídica de una estrategia histórica de presión máxima sobre el gobierno cubano. Al eliminar la flexibilidad del poder ejecutivo para modificar las sanciones, la ley aseguró la continuidad de estas medidas más allá de los cambios políticos en Washington.
Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley Helms-Burton es su carácter extraterritorial, especialmente evidenciado en la activación del Título III en 2019. Este título, suspendido durante dos décadas, permitió la presentación de demandas contra empresas de terceros países que operan en Cuba, lo que generó un efecto paralizador en la inversión extranjera. Morales Ojeda destacó que esta medida busca la rendición del pueblo cubano al recrudecer el acceso a recursos esenciales como combustible, alimentos y medicinas, ignorando el rechazo casi unánime de la comunidad internacional.
La Ley Helms-Burton es denunciada por Cuba como un acto de agresión que no solo codifica el bloqueo, sino que lo extiende a empresas y gobiernos extranjeros vinculados con la isla. Morales Ojeda subrayó que, a pesar de los años transcurridos, la ley sigue siendo un instrumento para mantener la presión sobre Cuba, sin lograr su objetivo de doblegar a la Revolución. La isla insiste en que esta normativa viola el derecho internacional y perjudica no solo a los cubanos, sino también a la comunidad internacional al limitar las relaciones económicas y comerciales con Cuba.
Fuente: cubadebate.cu
Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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