El anteproyecto de Ley de Educación en Cuba, disponible para consulta, actualiza fines, define enseñanza obligatoria y reconoce saberes no formales.
El anteproyecto de Ley de Educación en Cuba ha sido puesto a disposición para consulta pública, marcando un paso significativo en la actualización del sistema educativo del país. Este documento, que será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre, busca modernizar los principios y fines de la educación, definir la enseñanza obligatoria, reconocer los saberes adquiridos por vías no formales y fortalecer la protección de los derechos de niños y adolescentes.
La elaboración de esta norma ha sido un proceso extenso y colaborativo, involucrando a más de 25 organismos, organizaciones, instituciones y centros de estudio. La viceministra de Educación, Marlen Triana Mederos, explicó en una entrevista con Granma que el trabajo comenzó en 2023 con la reconfiguración de un grupo temporal encargado de acompañar la redacción del documento. Entre los participantes destacan la Administración Central del Estado, el Tribunal Supremo, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, el Centro de Estudios de la Juventud y la Universidad de La Habana. Además, los ministerios de Educación (MINED) y de Educación Superior (MES) han coordinado el proceso, con representación también del sindicato de trabajadores.
La versión actual, la número 19, refleja el esfuerzo por crear una norma que responda a las necesidades del sistema educativo y articule las disposiciones relacionadas con la formación, los derechos y las responsabilidades de los diferentes actores. Este proceso legislativo tiene sus raíces en la aprobación de la nueva Constitución de Cuba en 2019, y desde entonces, se ha trabajado en armonizar sus contenidos con otras normas como el Código de las Familias, el Código de la Niñez, el Código de Trabajo, la Ley del Deporte y la Ley de Salud Pública.
El anteproyecto identifica y aborda varios problemas en el sistema educativo actual, como la desactualización de los fines y principios de la educación, la falta de articulación entre los organismos formadores, la ambigüedad sobre el periodo de educación obligatoria y la imprecisión de derechos y deberes. Uno de los cambios más destacados es la definición del periodo de escolarización obligatoria, que ahora abarcará desde el sexto año de vida (grado preescolar) hasta el noveno grado, según precisó Triana Mederos.
Además, la norma busca armonizar los derechos, deberes y responsabilidades con lo establecido en el Código de las Familias y el Código de la Niñez, incorporando aspectos como la participación, el interés superior del menor y la protección frente a la violencia. Otra novedad significativa es el reconocimiento y certificación de saberes adquiridos por vías no formales. Por ejemplo, una persona que haya aprendido un oficio de manera autodidacta, como la soldadura, podrá obtener una titulación que certifique sus conocimientos.
El anteproyecto también incluye temas como la investigación, la transformación digital, la ciberseguridad y el fortalecimiento de los vínculos entre la universidad y la sociedad. En materia de financiamiento, la norma refrenda la Transformación Económica y Social 67, que permite diversificar servicios educativos de posgrado, capacitación y cuidados, aunque se mantiene el presupuesto estatal como base.
El anteproyecto ha pasado por varias fases de consulta. Entre 2023 y 2025, el grupo de trabajo sesionó y realizó consultas especializadas con organismos formadores, incluyendo los ministerios de Educación, Educación Superior, Salud Pública, Interior, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Cultura. Recientemente, se llevó a cabo una videoconferencia con rectores de universidades y se solicitaron dictámenes a varias instituciones universitarias.
Está previsto un recorrido por todas las provincias, con plenarias de representantes de las regiones oriental, central y occidental. Los criterios recogidos durante este proceso serán fundamentales para refinar la propuesta antes de su presentación en diciembre. La intención es contar con una ley que no solo actualice el marco jurídico educativo, sino que también fortalezca la articulación del sistema y la protección de los derechos en las instituciones educativas.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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