Deportados latinoamericanos en el Congo denuncian condiciones de pesadilla

Quince latinoamericanos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo (RDC) han descrito su situación como una pesadilla, enfrentando un futuro incierto y condiciones restrictivas. Una mujer colombiana de 29 años, quien habló bajo anonimato por temor a represalias, denunció haber sido trasladada con grilletes pese a una orden de protección de un juez de inmigración estadounidense. Actualmente, se encuentra confinada en un hotel con salidas supervisadas por personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Condiciones de vida y restricciones

Desde un hotel en Kinshasa, la capital congoleña, la deportada explicó que solo pueden salir del alojamiento aproximadamente una vez por semana y siempre acompañados por representantes de la OIM. Durante estas salidas, su movilidad está severamente limitada: cuando realizan compras en supermercados o retiran dinero, son llevados de inmediato de vuelta al vehículo, sin perder de vista al personal de la organización. “Ellos eligen a qué lugar vamos a ir y qué es lo que vamos a comprar”, relató la joven. Su visa congoleña de tres meses está a punto de expirar, sin que exista un plan claro para su situación. “¿Qué haría uno aquí en un lugar totalmente desconocido, sin donde vivir, sin saber qué hacer?”, cuestionó.

Contexto legal y acuerdos internacionales

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. no comentó específicamente sobre el caso de la mujer colombiana, pero afirmó que los acuerdos de deportación a terceros países “garantizan el debido proceso conforme a la Constitución de Estados Unidos”. La RDC es uno de los ocho países africanos que han suscrito acuerdos con el gobierno del expresidente Donald Trump para facilitar deportaciones de nacionales de terceros países. Expertos legales advierten que estas prácticas equivalen a un vacío legal que afecta a los deportados.

Impacto internacional y postura europea

En paralelo, el Consejo Europeo adoptó una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en casos de migración, incluyendo el uso de centros de deportación en terceros países. En un comunicado, el Consejo enfatizó que los estados tienen el derecho soberano de controlar la entrada y residencia de extranjeros, así como la obligación de proteger sus fronteras en cumplimiento del convenio. Esta declaración, aunque no vinculante, fue aprobada por los ministros de Exteriores de sus 46 miembros durante una reunión en Chisináu, Moldavia.

Fuente: cubadebate.cu