EE.UU. clasifica a grupos brasileños como terroristas y reaviva debate sobre guerra

El 27 de mayo de 2026, el senador brasileño Flávio Bolsonaro se reunió con el expresidente estadounidense Donald Trump en Washington. Durante el encuentro, Bolsonaro solicitó que Estados Unidos declarara al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras. Un día después, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la clasificación, que entró en vigor el 5 de junio.

Contexto de la clasificación y rechazo brasileño

El gobierno de Brasil rechazó la medida. En 2025, el Ministerio de Justicia brasileño había concluido que estas facciones no se ajustan a la ley antiterrorista del país por carecer de motivación ideológica, política o religiosa. El ministro de Hacienda, Darío Durigan, calificó la decisión estadounidense como una «imposición» con «un carácter mucho más político que técnico».

A pesar del rechazo, la clasificación tiene consecuencias prácticas. Según la legislación de EE.UU., las organizaciones designadas como terroristas extranjeras pueden enfrentar congelación de activos, bloqueo de transacciones internacionales y, en casos precedentes, operaciones militares en territorio de terceros países. Esto forma parte de una narrativa que, según críticos, busca justificar intervenciones políticas y militares, reforzando la percepción de Estados Unidos como actor global con autoridad unilateral.

La guerra contra las drogas como herramienta histórica de intervención

La guerra contra las drogas ha sido un instrumento recurrente en la política exterior estadounidense, con numerosos ejemplos en América Latina. En 1989, el general panameño Manuel Noriega, excolaborador de la CIA, fue arrestado y extraditado por cargos de narcotráfico cuando dejó de ser útil para Washington. En Colombia, el Plan Colombia destinó miles de millones de dólares en armas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, sin lograr frenar el flujo de cocaína.

Durante la década de 1980, en Nicaragua, un informe del Senado de EE.UU. reveló que los Contras, financiados por la CIA, estaban involucrados en el tráfico de cocaína, con la agencia obstruyendo investigaciones de la propia DEA. En Bolivia, Evo Morales expulsó a la DEA en 2008 tras documentar su implicación en el narcotráfico. Más recientemente, en 2026, el argumento del narcotráfico justificó el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, en un país sometido a sanciones económicas y sabotaje infraestructura.

En todos estos casos, el patrón es similar: se clasifica a un gobierno u organización como amenaza en la lucha contra las drogas, se construye una narrativa internacional y se interviene. El objetivo cambia, pero el guion permanece.

La contradicción interna: la epidemia de opioides en EE.UU.

Mientras Estados Unidos promueve su narrativa global, el país enfrenta una crisis de opioides que ha cobrado decenas de miles de vidas. En 1996, Purdue Pharma lanzó OxyContin, un analgésico opioide comercializado como de bajo riesgo, autorizado por la FDA. La empresa sobornó a médicos en regiones desindustrializadas, como el Cinturón del Óxido, para impulsar su venta. En 2020, Purdue pagó 5.000 millones de dólares en multas por prácticas engañosas, aunque la familia Sackler, propietaria de la empresa, conservó su fortuna.

El fentanilo, una sustancia 50 veces más potente que la heroína, surgió cuando los opioides recetados se volvieron más difíciles de obtener. En 2022, 73.000 estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Aunque la cifra se redujo a 54.000 en 2024, la crisis persiste, especialmente en estados como Virginia Occidental, Alaska y el Distrito de Columbia, afectados por pobreza, desigualdad racial y desindustrialización.

El país que registra estas cifras alarmantes dentro de sus fronteras se presenta como autoridad moral en la lucha global contra las drogas, lo que genera críticas sobre la coherencia de su política exterior.

Fuente: cubadebate.cu