El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció nuevas restricciones a visas de estudiantes, periodistas y programas de intercambio cultural.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado un endurecimiento significativo en las condiciones de estancia para titulares de visas de no inmigrante, afectando a estudiantes, periodistas y participantes en programas de intercambio cultural. Esta medida, que entrará en vigor en septiembre, establece plazos fijos para estas categorías de visas, eliminando la flexibilidad previa.
La normativa fija un límite máximo de cuatro años para los estudiantes internacionales, con posibilidad de revisión caso por caso. Esto contrasta con las reglas anteriores, que permitían a los alumnos permanecer en el país el tiempo necesario para completar sus estudios. Los periodistas con visado I enfrentan una restricción aún más severa: su estancia queda limitada a un máximo de 240 días, con posibilidad de prórrogas. Los profesionales chinos tienen un límite aún más restrictivo de 90 días.
El Departamento de Seguridad Nacional justifica estas medidas argumentando que se busca evitar el abuso del sistema y mejorar la supervisión de los visitantes. Sin embargo, el sector universitario ha expresado su rechazo, advirtiendo que estas restricciones generan una carga negativa para las instituciones educativas.
Además de los límites de tiempo, la Administración republicana está considerando imponer una fianza de 100.000 dólares para algunos solicitantes de la Green Card desde el extranjero. Esta medida, que ya enfrenta resistencia en los tribunales, podría crear un sesgo por ingresos en el proceso de inmigración.
El 18 de septiembre entrará en vigor la política de ‘carga pública’, que permite negar la Green Card a personas que hayan utilizado asistencias sociales. Esta regulación, revocada durante el mandato de Joe Biden, ahora exige que los solicitantes demuestren que no son una carga para el país. Organismos de defensa de los derechos de los migrantes critican esta medida como una ‘prueba de riqueza’, mientras que especialistas en salud pública prevén consecuencias negativas para la población afectada.
Fuente: cubadebate.cu
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Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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