El Departamento de Estado de EE.UU. anunció nuevas sanciones contra funcionarios del ICAP y entidades cubanas, en el marco de su política de presión hacia Cuba.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra funcionarios y entidades cubanas, en el contexto de la política de “máxima presión” que Washington mantiene contra La Habana. Las medidas afectan a altos cargos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y a empresas vinculadas a los sectores metalúrgico y minero de Cuba.
Las sanciones individuales recaen sobre tres altos cargos del ICAP: Fernando González Llort (presidente), Noemí Ramona Rabaza Fernández (vicepresidenta primera) y Leima Martínez Freire (directora de América del Norte). Estos funcionarios han sido incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que implica la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses y el bloqueo de sus activos en territorio estadounidense.
El Departamento de Estado justifica estas medidas en su informe “Cuba: La capital del comunismo en el siglo XXI”, donde se acusa al ICAP de coordinar brigadas para promover los intereses cubanos en detrimento de Estados Unidos.
Además de las sanciones a funcionarios, se han impuesto medidas contra entidades asociadas con los sectores metalúrgico y minero de Cuba. Estas acciones se enmarcan en la Orden Ejecutiva del 1 de mayo, que busca intensificar la presión económica sobre el gobierno cubano.
Las empresas cubanas afectadas por estas sanciones verán restringidas sus operaciones internacionales, ya que se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales o financieras con ellas. Además, se amenaza con sanciones a entidades no estadounidenses que continúen colaborando con estas compañías.
Estas nuevas sanciones se suman a las ya existentes y buscan limitar la capacidad de Cuba para comerciar y acceder a recursos financieros internacionales. La inclusión en la lista SDN tiene efectos significativos, ya que dificulta las transacciones bancarias y comerciales de los sancionados a nivel global.
El gobierno cubano ha condenado estas medidas, calificándolas de “injerencia” y “agresión” contra su soberanía. Por su parte, Estados Unidos insiste en que las sanciones son una herramienta para promover la democracia y los derechos humanos en la isla.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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