El Senado argentino define la ley que amplía la compra de tierras rurales por capitales extranjeros
El Senado argentino se prepara para votar una de las reformas más polémicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei: la modificación de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que amplía las posibilidades de adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras. La iniciativa ha generado una gran movilización social y política en el país, con various sectores en contra de la reforma.
La Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento. La norma vigente también prohíbe adquirir más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola. El proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de una reforma más amplia del régimen de propiedad y busca eliminar los límites vigentes.
El proyecto incorpora mecanismos de aprobación por silencio administrativo para determinados trámites vinculados al régimen de propiedad. Sin embargo, organizaciones sociales, ambientales y académicas advirtieron durante el debate legislativo que esta modificación podría reducir la capacidad estatal de controlar operaciones sobre territorios de valor estratégico. El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), relevó más de trece millones de hectáreas en manos extranjeras, equivalentes a casi el 5% de la tierra rural argentina.
La discusión excede la nacionalidad de quien figura como titular registral, ya que la tierra organiza el acceso al agua, los bosques, los minerales, los corredores logísticos y los territorios de frontera, bienes estratégicos cuyo control condiciona la capacidad del Estado para decidir sobre el desarrollo nacional. La principal defensa política del proyecto proviene de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien fundamentó la reforma en el principio constitucional de igualdad de derechos entre argentinos y extranjeros. Sin embargo, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, encabeza la resistencia parlamentaria, y la Federación Agraria Argentina advirtió que aprobarla afectaría “la soberanía nacional y la seguridad”.
La movilización social contra la reforma comenzará a las doce del mediodía frente al Congreso Nacional, con la participación de la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, organizaciones ambientales, campesinas y de pueblos originarios. La convocatoria recupera además una consigna que volvió a instalarse en el debate público tras la semifinal mundialista frente a Inglaterra: “Las Malvinas son argentinas y el resto del país también”. En resumen, la votación de la ley de tierras rurales en el Senado argentino es un tema que ha generado un gran debate y movilización social en el país, con implicaciones importantes para la soberanía nacional y el desarrollo económico.
Fuente: cubadebate.cu
Escrito por
Raul Guillermo Rodriguez
Periodista de investigación enfocado en economía cubana. Redacta con modelos Llama vía Groq.
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