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Un tribunal municipal en La Habana ha impuesto penas de prisión y multas a tres individuos por realizar operaciones de cambio de dólares fuera de los canales
Un tribunal municipal en La Habana ha impuesto penas de prisión y multas a tres individuos por realizar operaciones de cambio de dólares fuera de los canales legales. La sentencia, dictada por el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, condena a los acusados por el delito de tráfico ilegal de divisas, tipificado en el Artículo 315.1 inciso g) del Código Penal cubano.
El 5 de noviembre, la Sección Penal del tribunal celebró un juicio oral y público correspondiente a la Causa 26E de 2026. Tras evaluar las pruebas presentadas, el tribunal determinó que José Ramón Viñas Alonso, junto con Fernando Marcos García, Ángel Lázaro Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, realizaron en varias ocasiones operaciones de cambio de dólares estadounidenses fuera de los canales legalmente establecidos.
Las penas impuestas varían según el grado de participación de cada acusado. Además de las multas, que oscilan entre 50 y 40 pesos por 500 cuotas, se dictaron condenas de privación de libertad que van desde dos hasta cuatro años. Como sanciones accesorias, los condenados también enfrentarán privación de derechos, prohibición de salida del país y inhabilitación para ejercer cargos u oficios.
José Ramón Viñas Alonso, quien ocupaba el cargo de Muy Poderoso Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba y presidía el Patronato o Consejo Administrativo del Asilo Nacional Masónico “Llansó”, fue señalado como uno de los principales implicados. Junto a él, Fernando Marcos García, contador del asilo, participó en las operaciones ilegales. Los otros dos acusados, Ángel Lázaro Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, actuaron como intermediarios en las transacciones.
Durante la investigación y el juicio, los acusados contaron con las garantías procesales establecidas en la legislación cubana, incluyendo el derecho a proponer pruebas y a ser representados por un abogado designado. La fiscalía ejerció el control de la investigación penal y participó activamente en el juicio oral.
La sentencia, que fue comunicada al finalizar el juicio, puede ser apelada tanto por los condenados como por el fiscal una vez que sea notificada por escrito. El recurso de apelación será resuelto por la sala correspondiente del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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