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Tribunal Supremo español suspende derecho a voto de miles de naturalizados por Ley de

El Tribunal Supremo español suspendió el derecho a voto de miles de ciudadanos naturalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, en medio de un adelanto

Alvaro Miera 2 min de lectura
Tribunal Supremo español suspende derecho a voto de miles de naturalizados por Ley de

El Tribunal Supremo de España ha suspendido el derecho a voto de miles de ciudadanos naturalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Esta decisión, tomada en un contexto de adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad española gracias a esta normativa, aprobada en octubre de 2022. La ley permite a descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista solicitar la nacionalidad sin necesidad de residir en España.

Contexto de la Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática está dirigida a los descendientes de españoles que se exiliaron durante el periodo de la Guerra Civil y el franquismo. Desde su aprobación, ha beneficiado a miles de personas en todo el mundo, incluyendo a muchos latinoamericanos. Sin embargo, la normativa ha generado controversia, especialmente tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de estos nuevos ciudadanos. La medida se produce después de que los partidos de ultraderecha Vox e Iustitia Europa interpusieran un recurso, argumentando que el gobierno socialista intentaba inflar el censo electoral en beneficio de la izquierda, algo que Sánchez ha desmentido.

Detalles de la decisión judicial

El Tribunal Supremo justificó su fallo argumentando que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados bajo esta ley podría generar un censo irregular, sin la exactitud, veracidad e igualdad requeridas en una democracia parlamentaria. La corte estableció una excepción: solo podrán votar aquellos que demuestren ser hijos o nietos de españoles exiliados por razones políticas o de orientación sexual, mediante un certificado del registro consular. Según datos del Gobierno, 163.020 personas ya nacionalizadas no podrán ejercer su derecho al voto. El Ejecutivo ha expresado su desacuerdo y anunció que los afectados recurrirán al Tribunal Constitucional, esperando una resolución antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Impacto y reacciones

La decisión ha generado preocupación entre los afectados, como Felipe Gómez, nieto de una exiliada republicana, quien criticó la medida por considerar que distingue entre ciudadanos de diferentes categorías. Expertos como Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional, señalan que la intención de Vox es sembrar dudas sobre el proceso electoral. La suspensión también contradice las directrices del Ministerio de Justicia de 2022, que no exigían acreditar el exilio para acogerse a la ley. Mientras tanto, los partidos de ultraderecha insisten en que la ampliación de la ley a descendientes de emigrantes económicos excedió su propósito original.

Fuente: cubadebate.cu

Escrito por

Alvaro Miera

Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.