En 18 meses, la administración Trump ha autorizado 42 juicios con pena de muerte, superando los 38 de su primer mandato.
En los primeros 18 meses de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha impulsado una ofensiva sin precedentes en el sistema de justicia federal, con la autorización de 42 nuevos juicios con pena de muerte en 34 casos, según reveló The Intercept. Esta cifra supera los 38 procesos presentados durante sus cuatro años de primer periodo, lo que marca un aumento significativo en la aplicación de la pena capital.
Bajo el liderazgo de la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto interino Todd Blanche, la administración ha presionado para imponer la pena de muerte incluso en estados que la han abolido, como Nuevo México, Colorado y Maryland, así como en jurisdicciones sin tradición de pena capital, como las Islas Vírgenes.
El enfoque se ha centrado en casos vinculados con pandillas, narcotráfico y asesinatos de policías. Además, se ha priorizado la revisión de casos en los que la administración Biden se negó a solicitar la pena de muerte, aunque de 15 acusados, solo 3 siguen pendientes.
Los datos revelan una marcada desigualdad racial: el 73 % de los acusados son personas de color, principalmente negras, según registros legales y cifras del Departamento de Justicia (DOJ) y del Proyecto Federal de Juicios por Pena Capital. Este patrón profundiza las disparidades raciales históricamente documentadas en el sistema federal.
En contraste, la administración de Joe Biden suspendió casi por completo los juicios por pena de muerte y conmutó 37 sentencias al dejar el cargo. Trump, por su parte, ejecutó a 13 personas en seis meses durante la pandemia, en la cámara federal de Terre Haute, Indiana.
En abril, Trump reiteró su compromiso con la pena de muerte y publicó el informe “Restaurar y fortalecer la pena de muerte federal”, que detalla sus planes para aumentar las condenas a muerte y acelerar las ejecuciones. Bondi también ordenó a los fiscales federales solicitar la pena capital en casos de asesinato de agentes del orden y delitos cometidos por extranjeros en situación irregular.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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