El gobierno vietnamita sancionará a usuarios y entidades por contenido falso, difamatorio o que atente contra la seguridad nacional en plataformas digitales.
El gobierno de Vietnam ha aprobado un nuevo decreto que impone multas de hasta 50 millones de dong (aproximadamente $1900) a usuarios de redes sociales que difundan información falsa, fabricada o difamatoria. La normativa, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, busca reforzar el control sobre las plataformas digitales y combatir prácticas que afecten la seguridad nacional, la ética social y los derechos individuales.
El documento, compuesto por 8 capítulos y 117 artículos, establece infracciones administrativas y sanciones para organizaciones, empresas e individuos, tanto vietnamitas como extranjeros, que operen en áreas como telecomunicaciones, servicios postales, transacciones electrónicas y tecnologías de la información. Las multas oscilan entre 20 y 50 millones de dong, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Para usuarios de redes sociales, las sanciones de 20 a 30 millones de dong ($770-$1150) se aplican por compartir contenido falso, obsceno, o que promueva vicios sociales. Las multas más altas, de 30 a 50 millones de dong, se reservan para casos que distorsionen la historia nacional, atenten contra la unidad del país, o divulguen secretos de Estado.
El decreto prohíbe explícitamente la difusión de:
- Contenido que perjudique la reputación de entidades o personas.
- Materiales que promuevan la prostitución, trata de personas o atenten contra las tradiciones nacionales.
- Imágenes explícitas de violencia, accidentes o escenas perturbadoras sin contexto periodístico.
- Mapas que tergiversen la soberanía vietnamita.
- Enlaces a contenido ilícito o no autorizado.
También se sanciona la creación de contenido que imite formatos periodísticos sin serlo, y la falta de cumplimiento de medios de comunicación en la notificación de sus cuentas en redes sociales.
La normativa afecta a un amplio espectro de entidades, incluyendo empresas de telecomunicaciones, proveedores de internet, medios de comunicación, ONG y plataformas de contenido móvil. Los administradores de redes sociales tendrán la obligación de eliminar contenido ilegal cuando lo requieran las autoridades, bajo pena de sanción.
El decreto busca prevenir la desinformación y proteger la estabilidad socioeconómica, pero también ha generado debates sobre su posible impacto en la libertad de expresión. Las autoridades vietnamitas aseguran que las medidas se aplican únicamente a conductas que no constituyan delitos penales, buscando un equilibrio entre seguridad y derechos digitales.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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