Cuba busca actualizar su marco legal de vivienda para abordar desafíos económicos y demográficos
Raul Guillermo Rodriguez··2 min de lectura
Cuba se encuentra en un proceso de actualización de su marco legal de vivienda, con el objetivo de abordar los desafíos económicos y demográficos que enfrenta el país. En medio de un déficit habitacional superior a las 900 000 viviendas, el gobierno cubano avanza en la discusión de un anteproyecto de Ley de Vivienda que propone cambios estructurales en la manera de producir, gestionar y acceder a este derecho.
Contexto y necesidad de la actualización
El actual marco legal de vivienda en Cuba data de 1988 y ha sido modificado en múltiples ocasiones, pero no ha sido capaz de responder de forma integral a los desafíos actuales. La directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción, Marvelis Velázquez Reyes, explica que la Ley 65 o Ley General de la Vivienda ha sido objeto de nueve decretos leyes y 127 normas complementarias, pero que persisten problemas cuya solución debe ajustarse a los cambios legislativos recientes y a la actualización del modelo económico y social cubano.
Detalles del anteproyecto
El anteproyecto de Ley de Vivienda busca actualizar el marco legal vigente y propone cambios estructurales en la manera de producir, gestionar y acceder a la vivienda. Entre las principales novedades destacan la diversificación de actores en la construcción, la flexibilización en la propiedad —incluida la posibilidad de poseer hasta dos viviendas—, la eliminación de trabas administrativas y el reconocimiento de derechos para cubanos residentes en el exterior. El anteproyecto también establece que los cubanos en el exterior podrán ejercer sus derechos de propiedad, como vender, heredar o disponer de sus viviendas, directamente o mediante un representante legal.
Impacto y consecuencias
La actualización del marco legal de vivienda en Cuba busca equilibrar eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad. La posibilidad de tener hasta dos viviendas ha generado debate, pero se justifica como una demanda de la población y una forma de reconocer el carácter productivo de la vivienda en el contexto económico actual. El anteproyecto también promete eliminar trabas administrativas, como la posibilidad de que los propietarios de viviendas declaradas en estado de ruina puedan transmitirlas a personas naturales o jurídicas con el objetivo de recuperar su valor de uso. Fuente: cubadebate.cu
