El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de Cuba reconoce a este grupo como sujetos de derechos y promueve su participación activa.
La protección de niñas, niños y adolescentes en Cuba ha evolucionado significativamente en los últimos años, pasando de un enfoque basado en la tutela adulta a uno que los reconoce como sujetos plenos de derechos. Este cambio se consolida con la entrada en vigor del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178 de 2025), que actualiza el marco legal vigente desde 1978.
Tradicionalmente, la infancia y la adolescencia eran vistas principalmente como etapas de dependencia, donde las decisiones importantes recaían en los adultos. Sin embargo, la nueva legislación cubana se alinea con la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por Cuba en 1991, que establece principios como la no discriminación, el interés superior del niño y el respeto a sus opiniones.
La Constitución cubana de 2019 ya había sentado las bases al reconocer en su artículo 86 a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, garantizando su protección especial y la consideración de su interés superior en todas las decisiones que les afecten. El nuevo Código profundiza este enfoque, promoviendo su autonomía progresiva y su participación activa en asuntos que impactan sus vidas.
El Código introduce el concepto de autonomía progresiva, que implica que la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones debe aumentar conforme se desarrollen sus capacidades. Esto no significa eliminar la orientación adulta, sino transformarla en un acompañamiento respetuoso. Por ejemplo, mientras una niña pequeña puede expresar preferencias en actividades cotidianas, un adolescente podría participar en decisiones sobre su educación o salud, siempre dentro de los límites legales y con garantías de protección.
Este enfoque requiere un cambio cultural significativo, donde familias, escuelas e instituciones deben adaptarse para escuchar y considerar las opiniones de este grupo, sin que ello implique transferirles responsabilidades que corresponden a los adultos.
La efectividad del nuevo Código depende no solo de su texto, sino de su aplicación práctica. Garantizar la participación infantil y adolescente exige que las instituciones estén preparadas para incorporar sus perspectivas en políticas públicas, y que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad de proteger y promover sus derechos.
El desafío radica en traducir los avances legislativos en cambios concretos en las relaciones familiares, escolares e institucionales. Solo así se logrará que niñas, niños y adolescentes dejen de ser vistos como objetos de protección para convertirse en protagonistas activos de su propio desarrollo.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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