La Fiscalía reabrió la investigación sobre una violación grupal en la Universidad de Cornell en 2024, tras una demanda civil presentada por la víctima.
La Fiscalía del condado de Tompkins ha reabierto la investigación sobre una presunta violación grupal ocurrida en la Universidad de Cornell en 2024, después de que la víctima, identificada como “Jane Doe”, presentara una demanda civil de 101 páginas este mes. El caso, que inicialmente no resultó en cargos penales contra los siete estudiantes acusados, ha generado indignación pública y planteado dudas sobre la gestión inicial de las autoridades y la universidad.
Según la demanda, la noche del 19 de octubre de 2024, “Jane Doe”, entonces de 20 años y estudiante de tercer año, fue agredida sexualmente por siete hombres en la fraternidad Chi Phi durante casi siete horas. La víctima, descrita como “completamente incapacitada” tras consumir alcohol, marihuana, ron y presuntamente ketamina, perdió el conocimiento. Los acusados son Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar, quienes no han sido formalmente imputados.
La demanda sostiene que la víctima estaba “visiblemente ebria” y no podía consentir. Además, señala a la fraternidad implicada, a la hermandad de la víctima y a la Universidad de Cornell como responsables por no actuar adecuadamente. La estudiante denunció los hechos a la policía del campus el 8 de noviembre de 2024, pero la Fiscalía archivó inicialmente el caso por falta de pruebas.
El caso ha reavivado el debate sobre las agresiones sexuales en los campus universitarios de Estados Unidos, donde las fraternidades son una tradición arraigada. El alcalde de Ithaca, ciudad donde se ubica Cornell, pidió la prohibición de permisos para eventos estudiantiles. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el senador Chuck Schumer exigieron una investigación independiente sobre la gestión de la universidad.
Cornell suspendió temporalmente a la fraternidad y a los estudiantes acusados, y abrió una investigación bajo el Título IX, una ley que prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones educativas. Tras 12 audiencias en 2025, la universidad impuso sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones, aunque la demanda revela que algunos implicados solo tuvieron que redactar un ensayo como castigo.
Según la demanda, la víctima sufrió graves consecuencias emocionales y psicológicas, incluyendo depresión, ansiedad y angustia mental, lo que la llevó a abandonar sus estudios. Tras la presentación de la demanda y la presión pública, la Fiscalía reabrió el caso. El fiscal Matthew Van Houten reconoció que el relato de la víctima en 2024 fue “muy concreto” y “detallado”, pero inicialmente argumentó que no constituía delito según la ley estatal.
La reapertura del caso ha generado un eco del movimiento #MeToo, con varias mujeres compartiendo sus experiencias de abuso en redes sociales. El abogado de “Jane Doe” afirmó que su clienta busca que los responsables “rindan cuentas” por los daños causados.
Fuente: cubadebate.cu
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Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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