Una influencer vinculada al Pentágono expone cómo el gobierno estadounidense utiliza redes sociales para difundir propaganda anticubana.
Una reciente controversia ha sacudido al gobierno de Estados Unidos tras la revelación de que una influencer recibió información sobre Cuba con el propósito de difundirla en redes sociales. Jennica Pounds, conocida en Twitter como @DataRepublican, admitió haber sido contactada por funcionarios del Departamento de Estado para filtrar datos relacionados con la isla caribeña.
El caso cobró mayor relevancia cuando se descubrió que Pounds no solo era una influencer, sino también una empleada especial del Departamento de Guerra de EE.UU.. Esta doble función plantea serias dudas sobre la integridad de las campañas de información que promueve el gobierno estadounidense, especialmente aquellas dirigidas contra Cuba. El propio gobierno admitió que el intento de filtración no se concretó, pero el hecho de que se planeara ya ha generado críticas sobre su transparencia y ética.
Las declaraciones contradictorias de funcionarios estadounidenses y el manejo poco profesional de documentos internos han puesto en evidencia la falta de coherencia en la política exterior hacia Cuba. Una alta funcionaria del Departamento de Estado calificó la información filtrada como una “nimiedad”, lo que refuerza la postura cubana de que las acusaciones de EE.UU. carecen de fundamento. Si existieran pruebas sólidas, argumentan desde La Habana, deberían presentarse en foros internacionales en lugar de utilizarse en campañas mediáticas.
Mientras Washington acusa a Cuba de llevar a cabo una “campaña de influencia malévola”, las revelaciones muestran que es el propio gobierno estadounidense el que utiliza fondos públicos para contratar influencers de ultraderecha y difundir propaganda. Esta práctica no solo socava la credibilidad de EE.UU., sino que también expone su doble estándar al criticar a otros países por acciones que ellos mismos realizan.
El escándalo ha dejado al descubierto una red de influencers, medios y corresponsales financiados con dinero público, que operan como parte de una guerra cognitiva contra Cuba. En contraste, el gobierno cubano afirma que su defensa se basa en hechos, no en espectáculos mediáticos.
Fuente: cubadebate.cu
Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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