Trump busca protegerse

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando medidas para protegerse de posibles acciones judiciales una vez que deje el cargo. Un acuerdo reciente entre Trump y su propio Gobierno para establecer un fondo contra la “instrumentalización” para sus aliados es el más reciente ejemplo de cómo su segundo mandato en la Casa Blanca se ha centrado en socavar los controles sobre el poder presidencial y protegerse a sí mismo de futuras investigaciones.

Contexto y medidas de Trump

El acuerdo destaca los nuevos obstáculos que Trump está erigiendo y que podrían frustrar las investigaciones de los demócratas del Congreso, las administraciones sucesoras e incluso las autoridades fuera del Gobierno federal. En varios frentes, Trump está desmantelando los mandatos de transparencia post-Watergate, atacando el poder del Congreso sobre el dinero, recompensando a los leales acusados de cometer delitos que apoyan sus causas, y atacando a las agencias independientes y a los organismos vigilantes del poder Ejecutivo.

Trump lo ha hecho capitalizando y acelerando una expansión del poder presidencial abrazada por la Corte Suprema conservadora, y desafiando las normas y la gravedad política que frenaron a otros presidentes, según dijeron a CNN exabogados del Gobierno y eruditos constitucionales. Cuando el Congreso en la década de 1970 aprobó restricciones a la presidencia en respuesta a los escándalos del Gobierno de Richard Nixon, los tribunales de la época respaldaron esas leyes.

Impacto y críticas

La más reciente táctica —un controvertido acuerdo derivado de una demanda de dudosa legalidad que Trump interpuso contra el IRS— ofrece al presidente unas garantías más amplias de lo que se había informado inicialmente. Su redacción podría proteger a Trump de algo más que de investigaciones de carácter fiscal. Además, los amplios criterios para determinar quiénes podrían beneficiarse del fondo de casi US$ 1.800 millones podrían incitar a algunas personas a no cooperar con las investigaciones del Congreso sobre el presidente.

“El anuncio de este fondo pone de manifiesto muchas tendencias que hemos visto en este mandato, es decir, el uso —un uso corrupto— que hace el presidente del poder del Gobierno para castigar a sus enemigos y recompensar a sus amigos, incluidos aquellos que infringirían ley a su favor”, dijo Gregg Nunziata, director ejecutivo de la Sociedad para el Imperio de la Ley, una organización de conservadores que se oponen a Trump.

Consecuencias y futuro

La amnistía fiscal que el nuevo acuerdo extiende al presidente, su negocio y su familia se dio a conocer con un anexo publicado silenciosamente el día después de que se anunciara el acuerdo original. Al defenderla, los funcionarios del Departamento de Justicia han descrito la disposición como el IRS renunciando a auditorías pasadas del presidente a cambio de la desestimación del caso de US$ 10.000 millones que Trump interpuso contra el Gobierno federal por la divulgación indebida de sus declaraciones de impuestos.

El lenguaje del acuerdo no solo prohíbe las revisiones relacionadas con los impuestos, sino cualquier reclamación gubernamental relacionada con la conducta previa al acuerdo de Trump que se ajusta a la concepción del acuerdo de “instrumentalización”. Esos términos no tienen significado legal, pero otra parte del acuerdo define estos conceptos en términos extremadamente amplios, lo que significa que el acuerdo busca prohibir todo tipo de acciones o revisiones de aplicación federal que podrían estar dirigidas a la conducta pasada de Trump, su familia o sus empresas.

En resumen, las medidas de Trump para protegerse de posibles procesos legales han generado críticas y preocupaciones sobre el uso del poder presidencial y la posible instrumentalización de la justicia. El futuro de estas investigaciones y el impacto de las acciones de Trump en el sistema judicial estadounidense siguen siendo inciertos.

Fuente: cubadebate.cu