La Ley 187 de Vivienda en Cuba, vigente desde octubre 2026, reemplaza a la Ley 65 de 1988 e introduce cambios en propiedad, derechos y políticas habitacionales.
La vivienda en Cuba trasciende lo físico para convertirse en un eje central de la vida familiar y personal. La reciente aprobación de la Ley 187 de Vivienda, en vigor desde el 21 de octubre de 2026, marca un antes y un después en el ordenamiento jurídico del país, sustituyendo a la Ley 65 de 1988. Esta nueva normativa busca abordar los desafíos habitacionales que enfrentan las familias cubanas, más allá de la construcción de nuevas viviendas.
La anterior Ley General de la Vivienda data de 1988, un contexto socioeconómico y jurídico muy diferente al actual. Aunque sufrió modificaciones, la evolución de la sociedad cubana, la Constitución de 2019 y la necesidad de modernizar la gestión habitacional exigían una regulación más integral. La nueva ley no se limita a la propiedad o compraventa, sino que aborda el derecho a una vivienda adecuada, la política habitacional en su conjunto, y la responsabilidad del Estado en garantizarlo.
La Ley 187 reconoce la vivienda como un derecho constitucional (Artículo 71) y no solo como un bien patrimonial. Define una vivienda adecuada considerando factores como seguridad jurídica, servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad y adecuación cultural. Esto implica que la política habitacional debe ir más allá de construir viviendas, incluyendo rehabilitación, seguridad y accesibilidad.
La ley introduce cambios en la propiedad, permitiendo a una persona ser titular de más de una vivienda en ciertos casos, rompiendo con limitaciones anteriores. También regula aspectos como la propiedad horizontal y las cooperativas de viviendas, buscando un equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad social del Estado.
La nueva ley representa un avance significativo en el reconocimiento de derechos habitacionales en Cuba. Sin embargo, su éxito dependerá de su aplicación práctica y la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población. El desafío radica en traducir las obligaciones legales en resultados concretos para los ciudadanos, garantizando el acceso a una vivienda digna y segura para todos.
Fuente: cubadebate.cu
Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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