EE.UU. deportó a más de 25,000 migrantes a 35 países no originarios

Una investigación de la organización sin fines de lucro Forbidden Stories ha revelado que el gobierno de Estados Unidos deportó a más de 25,000 migrantes a 35 países con los que no tenían vínculos, como parte de acuerdos secretos firmados desde 2025. Estos pactos, que involucran a naciones en desarrollo, han sido criticados por dejar a los deportados en un limbo legal, sin derechos claros en los países receptores.

Contexto de los acuerdos secretos

Desde la llegada del presidente Donald Trump al poder en enero de 2025, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para deportar a migrantes que no pueden ser enviados legalmente a sus países de origen. La investigación de Forbidden Stories detalla que el gobierno destinó 410 millones de dólares para facilitar estas deportaciones, fondos que fueron entregados directamente a los países receptores o a organismos de la ONU.

Hasta el 31 de agosto de 2026, al menos 25,447 personas fueron deportadas a terceros países. La mayoría, alrededor de 20,000, fueron enviadas a México, mientras que el resto se distribuyó entre 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además, se finalizaron acuerdos con otros siete países, con condiciones que varían según las nacionalidades y los antecedentes penales de los deportados.

Detalles de los acuerdos y críticas

La Oficina de Remigración, una división poco conocida del Departamento de Estado creada en mayo de 2025, ha sido la encargada de gestionar las negociaciones y los pagos. Bajo la dirección de Christian Jove Ehrhardt, esta oficina ha firmado acuerdos como el de Camerún, que en diciembre de 2025 aceptó deportados a cambio de un programa de asistencia sanitaria de casi 400 millones de dólares.

Otros ejemplos incluyen a Palau, que recibió 7.5 millones de dólares por aceptar hasta 75 migrantes, y Esuatini, que recibió más de 5 millones de dólares por acoger a 160 personas, incluyendo algunas con antecedentes penales. De los 410 millones de dólares previstos, 81 millones fueron destinados directamente a los gobiernos signatarios, mientras que el resto se distribuyó entre organizaciones como la OIM y ACNUR.

Impacto y consecuencias

Los deportados enfrentan una situación precaria en los países receptores, donde a menudo carecen de derechos y apoyo legal. Abogados consultados por AFP denunciaron que estas personas son arrojadas a un limbo legal, retenidas sin cargos en naciones con las que no tienen vínculos. Además, la investigación revela que 49 de los 54 países de África fueron contactados para evaluar su disposición a aceptar deportados.

Las agencias de la ONU involucradas, como ACNUR y OIM, han enfrentado críticas por su participación. Aunque ACNUR afirmó no ser parte de los acuerdos bilaterales, un portavoz de OIM justificó su participación argumentando que su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los migrantes.

Fuente: cubadebate.cu