Guyana se suma a la lista de naciones que aceptan migrantes deportados por Estados Unidos, incluso de nacionalidades no guyanesas.
Guyana, un pequeño país ubicado en el norte de América del Sur con una población de poco más de 800,000 habitantes, ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para actuar como “tercer país seguro” y recibir migrantes deportados, incluso aquellos que no son ciudadanos guyaneses. Este pacto se suma a los ya establecidos con más de 30 naciones que aceptan recibir extranjeros sin estatus legal en territorio estadounidense.
Guyana, el único país sudamericano con el inglés como idioma oficial, se incorpora a una lista de naciones que incluyen a San Cristóbal y Nieves, Belice y Santa Lucía, las cuales recientemente han recibido pequeños grupos de deportados bajo la administración Trump. Según reveló CBS News, un funcionario estadounidense —bajo anonimato— confirmó que Guyana ya acogió a un grupo de afganos y cubanos expulsados de Estados Unidos.
El gobierno guyanés aclaró que estos migrantes fueron reubicados bajo el “Programa de Retorno Voluntario Asistido”, mientras se resuelven sus casos. En una entrevista con Associated Press (AP), Robert Persaud, secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, explicó que el acuerdo, con una duración de un año, no implica un reasentamiento permanente.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha impulsado una política migratoria estricta, prometiendo la mayor deportación de extranjeros sin estatus legal en la historia de Estados Unidos. Para ello, ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, firmar acuerdos con países de diversas regiones para enviarles migrantes de nacionalidades distintas a las suyas. El objetivo declarado es disuadir la inmigración ilegal y sentar un precedente internacional.
Esta estrategia ha generado controversias, especialmente en casos donde migrantes de Centro y Sudamérica son enviados a países de África, donde no dominan el idioma local. Organizaciones de derechos humanos han denunciado estas prácticas como inhumanas e ilegales bajo el derecho internacional.
El acuerdo con Guyana refleja la creciente presión de Estados Unidos sobre países con menos recursos para que asuman parte de la carga migratoria. Aunque el gobierno guyanés insiste en que el pacto es temporal y no implica reasentamiento permanente, su capacidad para gestionar estos flujos migratorios es cuestionada, dado su tamaño y recursos limitados.
Por su parte, Estados Unidos continúa expandiendo su red de acuerdos internacionales para acelerar las deportaciones, a pesar de las críticas globales. Este enfoque ha puesto en el centro del debate la ética y legalidad de las políticas migratorias actuales, especialmente en un contexto de crisis humanitarias y desplazamientos masivos a nivel mundial.
En síntesis, el acuerdo entre Guyana y Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la compleja dinámica migratoria global, con implicaciones significativas para ambos países y para los derechos de los migrantes involucrados.
Fuente: cubadebate.cu
Escrito por
Alvaro Miera
Periodista de derechos humanos y sociedad civil cubana. Redacta con Command AI de Cohere.
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